La Sudeaseg estableció nuevos lineamientos para la presentación y aprobación de comisiones, bonos y planes de incentivos destinados a los intermediarios de la actividad aseguradora. La disposición está contenida en la Circular SAA-09-0141-2026, emitida el 30 de octubre de 2026.

La comunicación está dirigida a empresas de seguros, empresas de medicina prepagada, asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora y sociedades de corretaje de seguros. El documento establece condiciones específicas para los planes correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

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Según el primer punto de la circular, las entidades deberán presentar estos mecanismos de forma extraordinaria y por una sola vez. La documentación deberá consignarse en formato físico ante la Coordinación de Correspondencia de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a más tardar el 6 de noviembre de 2026.

Sudeaseg fija fechas para la presentación de los planes

La circular también contempla un segundo plazo para los planes de incentivos que no hayan sido presentados oportunamente o aprobados durante el ejercicio fiscal 2026. En estos casos, las solicitudes podrán consignarse ante el órgano de control entre el 1 y el 31 de enero de 2027.

Además, cada solicitud deberá cumplir con las disposiciones de las Normas sobre Planes de Incentivos para Retribuir las Gestiones de los Intermediarios de la Actividad Aseguradora. El organismo exige que los expedientes incluyan el estudio técnico correspondiente, suscrito por un actuario inscrito ante la Superintendencia.

La documentación consignada en físico también deberá contar con su respectivo respaldo digital. Este requisito forma parte de las condiciones establecidas para tramitar las solicitudes de aprobación.

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La aprobación previa será obligatoria

En el último punto, la Sudeaseg recordó a los sujetos regulados que está prohibido aplicar o pagar bonificaciones e incentivos a los intermediarios sin contar previamente con la aprobación expresa del organismo.

El incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a sanciones administrativas, conforme al artículo 126 de la Ley de la Actividad Aseguradora.

La circular fue suscrita por Leonel David Lacera Urdaneta, superintendente de la Actividad Aseguradora. Con estas instrucciones, el organismo precisa los procedimientos y fechas que deberán observar las entidades del sector para gestionar sus planes de incentivos.

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El canal de bancaseguros en España fortaleció su participación en el mercado durante 2025. Los operadores concentraron más del 36% de la cuota de distribución, tres puntos porcentuales por encima del ejercicio anterior, según los datos presentados por Amaef en su Conferencia Anual 2026.

Además, este canal superó el 55% de la nueva producción aseguradora, frente al 53% registrado en 2024. Esto significa que más de la mitad de las nuevas primas del sector se distribuyeron mediante operadores vinculados con entidades bancarias.

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Las cifras reflejan el papel de la bancaseguros como una de las principales vías de acceso a productos de protección. Su participación destaca especialmente en los seguros de Vida, aunque también registra avances en Salud, Hogar y Accidentes Personales.

Vida concentra la mayor participación del canal

En el ramo de Vida, la bancaseguros reúne más del 63% del volumen de negocio y cerca del 67% de la nueva producción. En Vida Individual, su participación alcanza el 70,13% del negocio y el 72,69% de las nuevas primas.

El peso del canal es todavía mayor en los seguros de riesgo individual. En este segmento representa el 88,44% de la nueva producción, una modalidad vinculada directamente con la protección económica de las personas y sus familias.

En Salud, los operadores de bancaseguros concentran más del 14% del volumen de negocio y cerca del 33% de la nueva producción. Por su parte, en Hogar representan casi el 40% del negocio y superan el 55% de las nuevas primas.

El canal también alcanza una participación del 34% en Accidentes Personales, lo que evidencia su presencia en distintas modalidades de protección y su capacidad para distribuir productos aseguradores a través de la infraestructura bancaria.

Amaef analiza los retos de la distribución aseguradora

Estos resultados se presentaron durante la Conferencia Anual 2026 de Amaef, encuentro que reunió a más de 250 representantes de la industria bancaria y aseguradora española. La agenda abordó la evolución del canal y su papel ante los desafíos económicos y sociales.

El presidente de Amaef, Álvaro Urrutia, destacó la importancia de mantener la confianza de los clientes y adaptar la actividad a las nuevas expectativas. “la confianza de nuestros clientes es nuestro principal activo y debemos estar a la altura de ella. Tenemos que anticiparnos a los cambios, evolucionar al ritmo que exige la sociedad y responder a las expectativas de clientes y reguladores, sin renunciar a las fortalezas que nos han traído hasta aquí. Afrontar el futuro con ambición implica también asumir la responsabilidad de que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las personas y contribuya al bienestar de la sociedad”.

Por su parte, la vicepresidenta de Amaef, Mónica Paz, señaló que la bancaseguros debe combinar el asesoramiento profesional con las herramientas tecnológicas. También subrayó la importancia de acercar soluciones aseguradoras comprensibles y accesibles ante un entorno de incertidumbre.

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El reaseguro petrolero en Venezuela enfrenta un cambio en sus condiciones de contratación. Los reaseguradores internacionales exigen que los riesgos facultativos vinculados con la industria de hidrocarburos se rijan por leyes extranjeras y contemplen arbitrajes fuera del país. Esta situación introduce nuevas obligaciones para las aseguradoras y los contratistas nacionales.

Según explica Rafael Casique, experto en gestión de riesgos y corredor de seguros, los riesgos relacionados con equipos de pozo, perforación y responsabilidad de contratistas suelen colocarse individualmente en mercados de Londres o Estados Unidos. Sin embargo, la exigencia de utilizar legislación extranjera modifica una práctica que durante décadas estuvo vinculada con el marco jurídico venezolano.

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El cambio genera un descalce jurídico entre la póliza emitida localmente y el contrato de reaseguro. Aunque ambos documentos pueden compartir condiciones, límites y exclusiones, sus mecanismos para resolver controversias y exigir pagos podrían ser diferentes.

Dos escenarios para el mercado asegurador

El análisis de Casique, publicado en el medio Finanzas Digital, identifica dos posibles escenarios. En el primero, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora no autoriza pólizas sometidas a legislación extranjera. La aseguradora emitiría entonces bajo ley venezolana y cedería el 100 % del riesgo mediante un contrato facultativo internacional.

Esta estructura puede generar dificultades ante un siniestro. La legislación venezolana establece un plazo de 20 días para indemnizar, mientras que el reasegurador podría condicionar el pago a sus propios procedimientos de revisión. Así, la aseguradora asumiría una obligación que depende de fondos sujetos a condiciones externas.

En el segundo escenario, se permitiría emitir pólizas bajo ley inglesa y arbitraje internacional. Aunque esto alinearía el contrato de seguro con el reaseguro, trasladaría mayores costos y dificultades al contratista venezolano. Reclamar en Londres implica honorarios legales, procedimientos en otro idioma y gastos que pueden superar la capacidad financiera de empresas medianas.

El costo del descalce recae en los actores más pequeños

El contexto regulatorio también influye. Casique señala la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada el 29 de enero de 2026, y la Licencia General 46 de la OFAC como elementos que impulsan nuevas condiciones contractuales.

Ante este panorama, el especialista plantea negociar antes de suscribir las pólizas. Entre las alternativas menciona establecer plazos de control de reclamos compatibles con la normativa venezolana, pagos simultáneos del reasegurador y límites a los costos de arbitraje.

El reaseguro petrolero no solo debe evaluarse por el monto de cobertura. También importa determinar bajo qué legislación se puede reclamar y cuánto cuesta hacer efectivo el pago. De lo contrario, una póliza con límites elevados podría convertirse en una protección difícil de ejecutar para el asegurado.

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