La Sudeaseg estableció nuevos lineamientos para la presentación y aprobación de comisiones, bonos y planes de incentivos destinados a los intermediarios de la actividad aseguradora. La disposición está contenida en la Circular SAA-09-0141-2026, emitida el 30 de octubre de 2026.

La comunicación está dirigida a empresas de seguros, empresas de medicina prepagada, asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora y sociedades de corretaje de seguros. El documento establece condiciones específicas para los planes correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

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Según el primer punto de la circular, las entidades deberán presentar estos mecanismos de forma extraordinaria y por una sola vez. La documentación deberá consignarse en formato físico ante la Coordinación de Correspondencia de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a más tardar el 6 de noviembre de 2026.

Sudeaseg fija fechas para la presentación de los planes

La circular también contempla un segundo plazo para los planes de incentivos que no hayan sido presentados oportunamente o aprobados durante el ejercicio fiscal 2026. En estos casos, las solicitudes podrán consignarse ante el órgano de control entre el 1 y el 31 de enero de 2027.

Además, cada solicitud deberá cumplir con las disposiciones de las Normas sobre Planes de Incentivos para Retribuir las Gestiones de los Intermediarios de la Actividad Aseguradora. El organismo exige que los expedientes incluyan el estudio técnico correspondiente, suscrito por un actuario inscrito ante la Superintendencia.

La documentación consignada en físico también deberá contar con su respectivo respaldo digital. Este requisito forma parte de las condiciones establecidas para tramitar las solicitudes de aprobación.

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La aprobación previa será obligatoria

En el último punto, la Sudeaseg recordó a los sujetos regulados que está prohibido aplicar o pagar bonificaciones e incentivos a los intermediarios sin contar previamente con la aprobación expresa del organismo.

El incumplimiento de esta disposición puede dar lugar a sanciones administrativas, conforme al artículo 126 de la Ley de la Actividad Aseguradora.

La circular fue suscrita por Leonel David Lacera Urdaneta, superintendente de la Actividad Aseguradora. Con estas instrucciones, el organismo precisa los procedimientos y fechas que deberán observar las entidades del sector para gestionar sus planes de incentivos.

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El reaseguro petrolero en Venezuela enfrenta un cambio en sus condiciones de contratación. Los reaseguradores internacionales exigen que los riesgos facultativos vinculados con la industria de hidrocarburos se rijan por leyes extranjeras y contemplen arbitrajes fuera del país. Esta situación introduce nuevas obligaciones para las aseguradoras y los contratistas nacionales.

Según explica Rafael Casique, experto en gestión de riesgos y corredor de seguros, los riesgos relacionados con equipos de pozo, perforación y responsabilidad de contratistas suelen colocarse individualmente en mercados de Londres o Estados Unidos. Sin embargo, la exigencia de utilizar legislación extranjera modifica una práctica que durante décadas estuvo vinculada con el marco jurídico venezolano.

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El cambio genera un descalce jurídico entre la póliza emitida localmente y el contrato de reaseguro. Aunque ambos documentos pueden compartir condiciones, límites y exclusiones, sus mecanismos para resolver controversias y exigir pagos podrían ser diferentes.

Dos escenarios para el mercado asegurador

El análisis de Casique, publicado en el medio Finanzas Digital, identifica dos posibles escenarios. En el primero, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora no autoriza pólizas sometidas a legislación extranjera. La aseguradora emitiría entonces bajo ley venezolana y cedería el 100 % del riesgo mediante un contrato facultativo internacional.

Esta estructura puede generar dificultades ante un siniestro. La legislación venezolana establece un plazo de 20 días para indemnizar, mientras que el reasegurador podría condicionar el pago a sus propios procedimientos de revisión. Así, la aseguradora asumiría una obligación que depende de fondos sujetos a condiciones externas.

En el segundo escenario, se permitiría emitir pólizas bajo ley inglesa y arbitraje internacional. Aunque esto alinearía el contrato de seguro con el reaseguro, trasladaría mayores costos y dificultades al contratista venezolano. Reclamar en Londres implica honorarios legales, procedimientos en otro idioma y gastos que pueden superar la capacidad financiera de empresas medianas.

El costo del descalce recae en los actores más pequeños

El contexto regulatorio también influye. Casique señala la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada el 29 de enero de 2026, y la Licencia General 46 de la OFAC como elementos que impulsan nuevas condiciones contractuales.

Ante este panorama, el especialista plantea negociar antes de suscribir las pólizas. Entre las alternativas menciona establecer plazos de control de reclamos compatibles con la normativa venezolana, pagos simultáneos del reasegurador y límites a los costos de arbitraje.

El reaseguro petrolero no solo debe evaluarse por el monto de cobertura. También importa determinar bajo qué legislación se puede reclamar y cuánto cuesta hacer efectivo el pago. De lo contrario, una póliza con límites elevados podría convertirse en una protección difícil de ejecutar para el asegurado.

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La Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) abordó los desafíos regulatorios y fiscales de los sectores asegurador, bancario, financiero y del mercado de valores durante la tercera edición del Congreso de Jóvenes Tributaristas. Las ponencias analizaron las limitaciones del marco tributario actual y posibles medidas para mejorar las condiciones de estos sectores.

En el área de seguros, Rafael Pacheco, miembro de la asociación, examinó las deficiencias de la normativa tributaria y las alternativas para atenderlas. Entre los puntos señalados destacó la necesidad de revisar los beneficios fiscales dirigidos a promover la actividad aseguradora, especialmente en segmentos como los microseguros.

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“Dentro del mercado asegurador en materia tributaria, hay varias distinciones que podemos hacer, destacando la promoción del sector asegurador y los beneficios fiscales que se atienden, los cuales por el momento no son suficientes para poder impulsar el tema de los microseguros, por ejemplo”, detalló Pacheco.

Sector asegurador plantea revisar la carga tributaria

Entre las recomendaciones expuestas por Pacheco figura la revisión de la parafiscalidad que afecta al sector asegurador, junto con una mayor transparencia sobre el destino de los recursos recaudados. También propuso restablecer el ajuste por inflación para las compañías de seguros.

Estas medidas, según el planteamiento presentado durante el congreso, forman parte de los aspectos que requieren atención para mejorar el entorno tributario de las aseguradoras. La revisión de los beneficios fiscales también se relaciona con la posibilidad de ampliar el alcance de productos dirigidos a segmentos con menor acceso a coberturas, como los microseguros.

Por su parte, Arianny Gómez, economista especialista en precios de transferencia, destacó la importancia de la transparencia en las transacciones. Sin embargo, advirtió sobre los rezagos que persisten en los procesos de digitalización tributaria en Venezuela.

“En este momento el tema de la digitalización está muy atrasado porque incluso la declaración informativa que es una obligación fiscal se presenta en físico en el Seniat, pero tenemos esperanza que las innovaciones que se están realizando sean beneficiosas para el sector y sus integrantes”, precisó Gómez.

Banca enfrenta retos en materia de impuestos y jurisdicción

El congreso también examinó los desafíos fiscales del sector bancario, con especial atención al impuesto de 1 por 1.000 y a los aportes sociales que deben realizar las instituciones. José De Sousa, abogado de TPA, expuso estos temas y señaló la existencia de asimetrías en el sistema.

Uno de los puntos abordados fue la dificultad de determinar las obligaciones tributarias cuando un cliente mantiene vínculos con distintas jurisdicciones. Esta situación exige establecer con claridad dónde corresponde practicar las retenciones y ante qué Estado deben enterarse los impuestos.

“Si existen 4 posibles jurisdicciones de un cliente, el banco tiene que saber a quién le retiene, cómo le retiene y ante qué estado tiene que pagar. Ese es uno de los principales temas que requieren una solución”, indicó De Sousa.

Las intervenciones de los especialistas pusieron sobre la mesa la necesidad de revisar distintos componentes del sistema tributario, desde los incentivos para la actividad aseguradora hasta la claridad de las obligaciones bancarias. La digitalización y la transparencia también figuraron entre los aspectos señalados para mejorar la gestión fiscal de estos sectores.

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