La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) publicó la circular SAA-02-1079-2026, que establece lineamientos para la simplificación documental para microseguros y seguros masivos calificados automáticamente como productos de bajo riesgo.

El documento fue emitido en Caracas el 11 de agosto de 2026 y está dirigido a empresas de seguros, empresas de medicina prepagada, sociedades de corretaje de seguros y asociaciones cooperativas que ejerzan la actividad aseguradora.

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La medida establece criterios para optimizar los procesos de debida diligencia de clientes. Además, fija los requisitos mínimos que deben cumplir las entidades para conformar los expedientes de las personas naturales que contraten estos productos.

Requisitos para microseguros y seguros masivos

De acuerdo con la circular, los productos de microseguros y seguros masivos cuya contratación anual sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional de 300 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela serán calificados automáticamente como de bajo riesgo.

En estos casos, las entidades podrán aplicar un régimen de Debida Diligencia Simplificada. Sin embargo, deberán mantener un expediente con los requisitos mínimos establecidos por Sudeaseg.

Entre los documentos exigidos figura la solicitud del contrato de seguro o medicina prepagada. También se requiere una copia legible y vigente de la cédula de identidad o pasaporte.

Además, el sujeto obligado debe garantizar la declaración de los requisitos vinculados con la actividad económica, profesión u oficio del cliente. También deberá registrar los datos precisos de su dirección o domicilio.

La normativa aclara que estos requisitos representan un mínimo obligatorio. Por tanto, las entidades podrán solicitar información adicional cuando sus políticas internas o las características de la operación así lo ameriten.

Resguardo patrimonial y calidad de los expedientes

La simplificación documental para microseguros y seguros masivos también contempla disposiciones relacionadas con el resguardo patrimonial y los bienes asegurados.

En este sentido, los Sujetos Obligados deberán establecer criterios para verificar y conservar los documentos que acrediten la propiedad de los bienes asegurados. Esta medida busca atender requerimientos de información o eventuales medidas cautelares de extinción de dominio.

Asimismo, la circular establece condiciones sobre la integridad y calidad de los expedientes. Los documentos incorporados deberán conservarse completos, legibles y sin tachaduras, enmendaduras, borraduras o cualquier alteración.

Cuando los expedientes se gestionen en formato digital, las entidades deberán garantizar la nitidez y claridad de las imágenes. Además, los archivos deberán almacenarse en formatos seguros que eviten modificaciones posteriores.

Personas jurídicas quedan fuera de la modalidad

La normativa establece una exclusión expresa de las personas jurídicas dentro de esta modalidad de debida diligencia simplificada.

Por ello, las empresas, firmas personales, consorcios y otras estructuras jurídicas deberán cumplir con los procedimientos de identificación y verificación correspondientes. Esto aplicará incluso cuando sean consideradas clientes de bajo riesgo.

Finalmente, Sudeaseg instruyó a los Sujetos Obligados a adecuar sus manuales de políticas, normas y procedimientos a las disposiciones establecidas en la circular.

Además, deberán divulgar y capacitar oportunamente al personal involucrado en los procesos de comercialización, suscripción y conformación de expedientes. De esta manera, la simplificación documental para microseguros y seguros masivos queda acompañada por mecanismos de control y cumplimiento dentro de las entidades supervisadas.

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La Evaluación Nacional de Riesgos 2024 ya está disponible para los Sujetos Obligados bajo supervisión de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).

El organismo publicó la circular SAA-02-1078-2026 en su página oficial. El documento aborda los riesgos de financiamiento al terrorismo, estructuras jurídicas y uso de efectivo.

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La circular lleva por título “Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2024: análisis de riesgos de financiamiento al terrorismo, estructuras jurídicas y uso de efectivo”.

Asimismo, Sudeaseg instruye a los Sujetos Obligados a consultar y descargar el documento. También deberán aplicar sus disposiciones en materia de prevención y mitigación de riesgos.

Entre los Sujetos Obligados figuran las empresas de seguros, sociedades de corretaje y reaseguradores. También se incluyen otras entidades bajo la rectoría y supervisión de la Superintendencia.

Evaluación Nacional de Riesgos 2024 aborda prevención

La Evaluación Nacional de Riesgos 2024 constituye una herramienta para fortalecer la prevención de riesgos en el sistema nacional.

El documento analiza diferentes factores relacionados con el financiamiento al terrorismo, las estructuras jurídicas y el uso de efectivo. Estos elementos requieren mecanismos adecuados de identificación, evaluación y control.

Sudeaseg señala que el estudio permitirá alinear las estrategias de mitigación de riesgos. Además, contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos internos de cumplimiento.

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La circular fue emitida en Caracas el 10 de agosto de 2026. La suscribió Leonel David Lacera Urdaneta, superintendente de la Actividad Aseguradora encargado.

Sudeaseg pide fortalecer los mecanismos de cumplimiento

El organismo también destaca la importancia de estudiar y divulgar oportunamente el contenido de la evaluación.

Esta revisión permitirá a los Sujetos Obligados identificar los riesgos que puedan afectar sus operaciones. Además, facilitará la actualización de sus procedimientos internos.

La medida responde a las disposiciones establecidas en el marco jurídico venezolano. También considera las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El organismo regulador plantea que estos lineamientos contribuirán al fortalecimiento del sistema integral de prevención. De igual forma, buscan mejorar la capacidad de respuesta frente a los riesgos identificados.

Por ello, las empresas de seguros y demás entidades supervisadas deberán incorporar la información relevante en sus procesos de gestión de riesgos.

La Evaluación Nacional de Riesgos 2024 se encuentra disponible para consulta y descarga a través de los canales oficiales de Sudeaseg.

Con esta circular, la Superintendencia refuerza las medidas de prevención y control dentro del sector asegurador. Además, promueve una gestión de riesgos alineada con las disposiciones nacionales y las recomendaciones internacionales.

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El seguro de vivienda en Venezuela mantiene una baja penetración entre los propietarios, pese a que las pólizas pueden ofrecer protección ante terremotos, incendios, inundaciones, daños a terceros y otros riesgos que pueden afectar el patrimonio familiar.

María Silvia Rodríguez, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, señaló que la experiencia reciente permitió identificar una limitada protección aseguradora entre los propietarios de viviendas frente a eventos naturales.

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“Prácticamente nadie tenía asegurada su vivienda”, afirmó Rodríguez al referirse a la situación observada tras los recientes eventos sísmicos registrados en el país.

Seguro de vivienda en Venezuela sigue con baja penetración

La representante gremial explicó que la gestión de riesgos en Venezuela se ha concentrado principalmente en empresas, industrias y otras organizaciones. En cambio, la protección del patrimonio de las familias no ha ocupado el mismo nivel de prioridad.

Rodríguez atribuyó esta situación, en parte, a una falta de cultura de prevención. Según explicó, los seguros de salud suelen estar entre las principales prioridades de las familias, mientras que otras coberturas, como las de vivienda y vida, tienen menor presencia.

La ejecutiva también señaló que el acceso al crédito habitacional tuvo en el pasado un papel importante en la expansión del seguro residencial. Las viviendas adquiridas mediante financiamiento incluían normalmente una póliza asociada al crédito.

Con la reducción de este mecanismo de financiamiento, esa práctica perdió presencia. Como consecuencia, también disminuyó el contacto de los propietarios con este tipo de protección.

El costo no sería la principal barrera

Rodríguez destacó que el precio de una póliza residencial puede resultar accesible frente al valor del patrimonio que protege. Como referencia, explicó que una cobertura equivalente al 0,10% del monto asegurado permitiría proteger una vivienda valorada en 100.000 dólares por unos 100 dólares.

“Es relativamente muy económico”, afirmó la representante gremial, quien consideró que el principal desafío está relacionado con las prioridades de gasto y la cultura de prevención de los venezolanos.

La protección residencial, además, no se limita a los daños provocados por terremotos. Una póliza puede contemplar diferentes riesgos que afectan de manera frecuente a las viviendas.

Entre ellos se encuentran los incendios, las inundaciones y los daños ocasionados a terceros. Por esta razón, Rodríguez planteó la necesidad de entender el seguro como una herramienta de gestión del riesgo y no únicamente como una respuesta ante una emergencia.

Prevención y reconstrucción tras un desastre

Para la presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la diferencia entre contar con una póliza y no tenerla se hace especialmente visible después de una tragedia.

Tras un evento de gran magnitud, las familias deben enfrentar la recuperación de sus viviendas y bienes. En ese proceso, contar con un respaldo financiero puede facilitar la reconstrucción y reducir parte de la presión económica.

Rodríguez también consideró que la baja protección residencial refleja un reto para el propio sector asegurador. A su juicio, las compañías y organizaciones gremiales tienen responsabilidad en la comunicación y educación sobre prevención y gestión de riesgos.

En este contexto, fortalecer la cultura aseguradora puede contribuir a que más familias conozcan las alternativas disponibles y evalúen la protección de sus viviendas como parte de la planificación de su patrimonio.

El desafío para el seguro de vivienda en Venezuela pasa, así, por ampliar su alcance y generar mayor conciencia sobre los riesgos que pueden afectar a las familias. La prevención, sostuvo Rodríguez, debe formar parte de las decisiones financieras antes de que ocurra un evento que obligue a reconstruir.

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