Las calificaciones de riesgo tienen un papel relevante para los sujetos obligados, debido a que pueden influir en su acceso a mercados, reputación y capacidad para desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

De acuerdo con la Asociación Bancaria de Venezuela, mantener niveles de riesgo bajos puede favorecer la apertura de mercados y fortalecer la percepción de confianza sobre las organizaciones.

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En este contexto, la gestión de riesgos adquiere importancia dentro de las instituciones. Las evaluaciones permiten identificar las áreas de mayor exposición y establecer medidas destinadas a reducir las posibles amenazas.

El riesgo también impacta la reputación

Una adecuada clasificación de riesgo no solo tiene efectos sobre los procesos internos. También puede incidir en la relación de las empresas con distintos mercados y en su reputación frente a terceros.

Cuando un sujeto obligado mantiene un nivel de riesgo bajo, puede contar con mejores condiciones para continuar ampliando la comercialización de sus productos y servicios.

Por ello, la gestión integral de riesgos requiere mecanismos que permitan mantener controles adecuados y tomar decisiones con base en criterios técnicos. Además, estos procesos deben contar con responsables que puedan actuar con independencia.

Independencia del oficial de cumplimiento

Uno de los aspectos señalados por la Asociación Bancaria de Venezuela es la necesidad de preservar la autonomía e independencia del oficial de cumplimiento.

Esta condición resulta fundamental para que el responsable pueda ejercer sus funciones y tomar decisiones sin presiones externas o internas que puedan afectar su criterio profesional.

El oficial de cumplimiento tiene entre sus responsabilidades contribuir a la mitigación de riesgos y al funcionamiento del sistema integral de administración de riesgos de la organización.

Por esta razón, su actuación debe estar respaldada por condiciones que permitan evaluar las situaciones de riesgo con objetividad y formular las medidas correspondientes.

La independencia, además, contribuye a fortalecer los mecanismos de prevención y control dentro de las instituciones. Esto permite que las decisiones relacionadas con la gestión de riesgos respondan a criterios técnicos y no a intereses particulares.

En un entorno donde las calificaciones de riesgo pueden influir en la reputación y el acceso a mercados, la existencia de estructuras de cumplimiento independientes representa un elemento relevante para la gestión institucional.

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El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Fernando Di Geronimo, estimó que Venezuela podría construir 25.000 viviendas en los próximos tres años para atender parte de la demanda habitacional generada por los terremotos del pasado 24 de junio.

El representante gremial considera que la reciente aprobación de la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas puede facilitar la recuperación del sector y reducir algunas de las dificultades administrativas que afectan el desarrollo de nuevos proyectos.

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Según Di Geronimo, la anterior Ley Contra la Estafa Inmobiliaria establecía sanciones que, a su juicio, afectaban la actividad de promotores y constructores. La nueva normativa plantea cambios en las condiciones para desarrollar proyectos habitacionales.

Construcción de viviendas busca responder a la demanda

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana señaló que la nueva ley puede simplificar trámites relacionados con la actividad constructora. Esto permitiría agilizar procesos y facilitar la ejecución de nuevos proyectos residenciales.

La meta planteada contempla la construcción de 25.000 inmuebles durante tres años. El objetivo es atender parte de la demanda generada por las familias afectadas por los movimientos sísmicos.

Di Geronimo también explicó que los terremotos modificaron las preferencias de quienes buscan adquirir una vivienda en Caracas.

Antes de los sismos, las zonas con mayor demanda se ubicaban principalmente en el norte de la ciudad. Entre ellas mencionó Altagracia, La Castellana, Los Palos Grandes y Campo Alegre.

Tras los eventos del 24 de junio, el interés se desplazó hacia sectores del suroeste. El representante gremial destacó un mayor movimiento en Terrazas del Club Hípico, La Trinidad y El Hatillo.

Nueva ley modifica reglas para proyectos habitacionales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el 25 de agosto la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas. La normativa busca acelerar la construcción de nuevos inmuebles y facilitar la disponibilidad de unidades habitacionales.

Rodríguez señaló que la legislación pretende reducir trabas, limitaciones y dificultades que afectan el desarrollo de proyectos residenciales.

El texto legal establece reglas relacionadas con contratos, ventas y responsabilidades de las empresas constructoras. También contempla mecanismos de fiscalización bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

La medida se suma a otras acciones anunciadas para atender las consecuencias habitacionales de los terremotos. Entre ellas figuran programas de financiamiento y rehabilitación de viviendas.

Para el sector inmobiliario, el desafío estará en convertir los cambios regulatorios en nuevos proyectos. Además, será necesario responder a la modificación de la demanda y a las necesidades de las familias afectadas.

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) actualizó las disposiciones relacionadas con el Registro Único de Información Fiscal (RIF) y extendió su aplicación a la publicidad difundida a través de redes sociales y plataformas digitales.

La medida está contemplada en la Providencia Administrativa SNAT/2026/00080, publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.435 del 12 de agosto de 2026, que actualiza la Providencia 046 de 2013 para adaptarla al contexto actual.

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Yenit González, especialista en Derecho Privado, explicó en exclusiva para Asegura News que en 2013 se estableció que cada publicidad debía tener impreso o visible el número de RIF. Ahora, esta obligación también alcanza las redes sociales, donde existen emprendimientos que generan ingresos.

“Si yo tengo una publicidad, esta me exige ciertos impuestos. Y eso que sale en Gaceta Oficial actualmente es para proteger ese tipo de fisco o de impuesto”, explicó la abogada.

RIF en redes sociales alcanza a negocios y profesionales

En ese sentido, González remarcó que toda publicación que cree una dependencia de negocio como tal debe llevar el número de RIF cuando el dueño de la cuenta obtiene beneficios económicos mediante las publicaciones.

“La obligación aplica por igual a empresas, profesionales, emprendedores y corredores de seguro, aplica para todos, incluso para profesionales que tienen su marca personal. Si yo genero una factura, yo pago un impuesto, yo tengo un riesgo y debo apegarme a esa disposición”, precisó González.

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¿Qué sucede con las aseguradoras?

En el caso de las aseguradoras, bien sea por material educativo o informativo, el deber es colocar el RIF, tal como lo establece la disposición, al ser un sector que, a través de sus redes sociales, continúa ofreciendo sus servicios.

“En cualquier caso, la aseguradora te está haciendo una publicidad para comprar el seguro, sin importar el contexto o la información de la publicación, porque el interés final es vender una póliza”, enfatizó.

Incumplimiento del RIF puede generar sanciones

En caso de que un contribuyente no cumpla con esta disposición, es posible que se genere una especie de multa en primer lugar y, si la situación persiste, probablemente acarrearía una sanción a la empresa que incumpla con la normativa.

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