¿Es legal referenciar precios en euros? Esto dice la ley y los expertos

De acuerdo con el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela y el Convenio Cambiario N° 1 de 2018, los comerciantes tienen la posibilidad de establecer precios en divisas extranjeras, como el euro, siempre que utilicen la tasa oficial publicada por el BCV y que informen de manera clara a los consumidores sobre la moneda y la tasa utilizada.

Esta práctica debe ser transparente y cumplir con las normativas vigentes para evitar incurrir en delitos como la manipulación fraudulenta de precios, que puede conllevar severas sanciones, incluyendo penas de prisión de entre 8 y 10 años si se realiza un cobro en dólares utilizando la tasa del euro del BCV sin el ajuste legal correspondiente.

No es legal que un comercio fije precios en dólares y cobre con la tasa del euro del BCV, lo que se considera una alteración fraudulenta.

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Los comercios deben aceptar pagos en bolívares al equivalente de la tasa oficial del BCV para la moneda extranjera utilizada como referencia.

Durante una rueda de prensa, José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, reiteró que es legal usar el euro u otras monedas publicadas por el BCV para fijar precios, pero enfatizó que los comerciantes deben respetar la moneda en la que estructuran sus costos.

Rodríguez aclaró que cualquier negocio debe expresar sus precios en la moneda en la que opera y realizar el cambio a la tasa BCV del día.

Precios en euros

Ciudadanos expresaron a Efecto Cocuyo opiniones divididas sobre el uso del euro como referencia, con críticas hacia los comerciantes que fijan precios en dólares mientras cobran en euros.

Ana Gómez, encargada de una tienda, defendió el uso del euro, argumentando que si el gobierno aplica multas en esa moneda, los venezolanos también deberían poder utilizarla.

Desde 2023, las multas en Venezuela se calculan con referencia al euro, según la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias, que busca uniformar criterios tributarios y garantizar que las sanciones sean disuasorias en la actual realidad económica.

En algunos municipios, las ordenanzas locales fijan multas en bolívares ancladas al valor del euro.

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